ESTADO SOCIAL DE DERECHO

En Colombia, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, se estableció el modelo de Estado Social de Derecho, el cual reconoce la primacía de los derechos humanos y de la dignidad humana en el ordenamiento jurídico. Esto ha permitido avances significativos en la protección y garantía de los derechos fundamentales de la población, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión de las instituciones del Estado.

En el marco de los derechos humanos, Colombia ha avanzado en la implementación de políticas públicas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, población afrodescendiente e indígena, y personas en situación de desplazamiento forzado. También se han fortalecido los mecanismos de acceso a la justicia, con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, que buscan esclarecer las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.

En cuanto al derecho internacional humanitario, Colombia ha adoptado un enfoque de respeto y promoción del mismo, como lo demuestra su adhesión a diversos tratados y convenios internacionales, así como la implementación de medidas para su aplicación efectiva en el conflicto armado interno. No obstante, aún existen desafíos en la materia, particularmente en lo que se refiere a la protección de la población civil y la garantía del acceso humanitario a las zonas más afectadas por la violencia.

En el ámbito del conflicto armado, el Estado ha llevado a cabo diversos procesos de paz con las guerrillas, con el objetivo de lograr una solución negociada al conflicto. Estos procesos han sido apoyados por la comunidad internacional y han permitido la desmovilización de miles de guerrilleros y la reincorporación a la vida civil. Además, se han implementado políticas públicas para garantizar la restitución de tierras a las víctimas del conflicto y la reparación integral de los afectados.

En Colombia, el conflicto armado con guerrillas ha sido una cuestión de larga data que ha sido abordada desde una perspectiva legal y política. En los últimos años, el Gobierno ha implementado varias políticas y estrategias para abordar este problema de manera efectiva.

Una de las medidas más significativas ha sido la implementación de un proceso de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este proceso fue negociado durante varios años y culminó con la firma de un acuerdo de paz en 2016. El acuerdo estableció una serie de medidas para abordar los problemas subyacentes del conflicto armado, incluyendo la reforma agraria, la participación política de los excombatientes y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, quedan aun y se siguen fortaleciendo disidencias y grupos insurrectos que siguen viendo en esta práctica criminal fuente de ingresos así continuen en la clandestinidad.

En términos de la lucha contra el narcotráfico, Colombia ha tomado medidas enérgicas para erradicar el cultivo de coca y el tráfico de drogas. Se han llevado a cabo operaciones de erradicación forzada y se ha intensificado la lucha contra los carteles de la droga. Además, se han implementado medidas para fortalecer el sistema judicial y mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Se han adoptado medidas legales y operativas para combatir este flagelo. Se han fortalecido los mecanismos de control en los puertos y aeropuertos, se han incautado toneladas de droga y se han desmantelado laboratorios de producción de drogas. También se ha trabajado en la prevención del consumo de drogas y en la atención a los afectados por este problema de salud pública.

En relación con la corrupción, se han dado importantes avances en la investigación y sanción de los casos de corrupción en el sector público y privado. Se han creado entidades especializadas en la lucha contra la corrupción, se ha fortalecido el control fiscal y se han adoptado medidas para garantizar la transparencia en la gestión pública.

El gobierno actual de Colombia, se ha fundado en el concepto de Paz Total que refiere a una situación de tranquilidad y armonía social en la que no existen conflictos armados ni violencia, y en la que se garantizan los derechos humanos y se promueve el desarrollo sostenible.

Desde el punto de vista legal, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, establece la visión de una "Paz Completa" como objetivo a largo plazo. La Paz Completa implica la eliminación de todas las formas de violencia y la superación de las causas estructurales que generan el conflicto armado en el país.

En el marco del derecho internacional, la Paz Total en Colombia está vinculada a la protección de los derechos humanos y al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición. Esto implica la implementación de medidas para garantizar la seguridad y la protección de las víctimas del conflicto, así como la promoción de la reconciliación y la construcción de una cultura de paz.

En cuanto al derecho interno colombiano, el concepto de Paz Total se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia, que establece en su preámbulo que una de las finalidades del Estado es "garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Asimismo, la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a vivir en paz y establece que es responsabilidad del Estado promover la cultura de paz y los valores que favorezcan la convivencia pacífica.

En resumen, el concepto de Paz Total en Colombia implica una visión integral y holística de la paz, que aborda las causas profundas del conflicto armado y promueve la protección de los derechos humanos, la justicia y la reconciliación. Es un objetivo a largo plazo que requiere del compromiso y la cooperación de todos los actores involucrados en la construcción de una sociedad más justa, democrática y pacífica. Que incluyen medidas económicas y sociales para reducir las desigualdades, reformas políticas y judiciales para fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos.

El discurso populista del actual gobierno, que se centró en la lucha contra la corrupción y la desigualdad social, así como a su propuesta de una reforma económica y social que promueve la redistribución de la riqueza y la justicia social, se ha devaluado, gracias a que se ha rodeado de la corruptela política de siempre y viene ejerciendo practicas y conductas que en otrora reprocharon.  Su retórica simplista y demagógica que prometía soluciones fáciles a problemas complejos, asociada con la propuesta de medidas populares y redistributivas, sin una clara viabilidad económica, que ganaron en su momento el apoyo de la población, hoy son producto de rechazo, repudio y desengaño, por quienes se ven frustrados y engañados por un falso cambio prometido. Se vienen días complejos para Colombia y se podrían perder los avances en materia económica, social, de seguridad y justicia que tanto le costó al pueblo colombiano.